La escalada de la violencia y la inseguridad en el país no solo afecta a los ciudadanos de a pie, también golpea directamente a las empresas e industrias que de por si se han visto severamente afectadas por los embates económicos derivados de la pandemia y necesitan sistemas de seguridad privada.
Por ejemplo, durante el año pasado se registraron en el país ocho mil 762 robos a transportistas en todo el país, siendo las entidades con mayor incidencia el Estado de México con cuatro mil 697; Puebla con mil 120 y Michoacán con mil 073. Estas tres entidades registraron el 78.6 por ciento de las carpetas de investigación totales.
También, las extorsiones a la Iniciativa Privada (IP) crecieron en algunas entidades hasta en un 17 por ciento. Al respecto, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) denunció que el problema del alza en la incidencia delictiva se suma a la de la impunidad que llega al 94 por ciento. Y recordaron que las cuotas mensuales por cobro de piso pasaron de cinco mil pesos mensuales en 2010 a 30 mil pesos durante el año pasado.
Aunque no se han publicado los datos del año pasado, la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE)2020 reveló que el problema ya es una constante que se viene arrastrando. En el 2019, el 34.2 por ciento de las unidades económicas del sector comercio, el 25.4 de las industrias y el 27.8 por ciento de las empresas de servicio, fueron víctimas de algún delito.
Las más golpeadas fueron las unidades económicas medianas con el 56.4 por ciento, seguidas por las grandes (51.5 por ciento) y finalmente las pequeñas con el 48.3 por ciento.
Aunque lo más alarmante que reveló la encuesta del INEGI fue la cifra negra, es decir, el 92 por ciento de los delitos cometidos contra la iniciativa privada no se denunciaron.
La pandemia no solo modificó e incrementó las dinámicas criminales, sino, también la manera en la que nos protegemos del crimen.
Es por eso que, en promedio, las empresas gastan actualmente hasta un 10 por ciento de su presupuesto en seguridad, reveló Armando Zúñiga, presidente de Agrupaciones de Seguridad Unidas por México (ASUME) y de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Ciudad de México.
“Todas las empresas tienen que invertir en seguridad y dependiendo del sector en el que estén la mayoría paga el servicio de guardias de seguridad, GPS para los vehículos de reparto y blindajes porque se ha disparado el robo de mercancías. También invierten en cámaras y alarmas. Depende mucho del giro de las empresas pero algunas pueden destinar hasta un 10 por ciento de sus gastos de operación en seguridad, pero lo mínimo es el dos por ciento”, revela.
Zúñiga comenta que durante la pandemia los servicios de seguridad fueron catalogados como actividades esenciales, por eso su importancia y aumento en el gasto.
“Durante el confinamiento la seguridad privada se quedó a resguardar las empresas y la cadena de logística de medicamentos y alimentos para que hubiera una continuidad, también aumentó el robo de mercancías en el reparto y en las carreteras.
“Y se incrementó la extorsión en todas las modalidades desde telefónicas hasta cobro de derecho de piso y fue porque disminuyó el comercio de droga y los ladrones tienen que buscar otras formas de financiarse como con el hackeo del WhatsApp que ha sido muy común en los últimos días”, agrega.
Sobre el porcentaje de gasto que debe de hacer una empresa de seguridad, el presidente de Coparmex CDMX recomienda contratar a un experto en seguridad para que haga un análisis y evalúe desde las instalaciones, el tipo de mercancías y productos que venden y las ciudades en las que operan.
“Una gran parte de la seguridad debe de ser de las autoridades, como evitar que te roben tus mercancías. Sin embargo, la seguridad privada es necesaria porque sirve para el control interno. Lamentablemente por la inseguridad que se vive en México no solamente se contrata para ese fin, se necesitan personas armadas, y tecnología. El Estado tiene una gran responsabilidad y por eso la seguridad privada ha ido creciendo”, finaliza.
En el país, la seguridad privada genera más de 800 mil empleos a través de 8 mil empresas y representa el 1.7 por ciento del PIB.
Pese a esto, no existe una Ley General de Seguridad Privada que regule la actividad esencial en todo el país.
