Al ser Yucatán considerada una de las entidades más seguras del país, la aprobación de la Ley General de Seguridad Privada permitiría que las empresas del ramo que operan en el estado ofrezcan no solo servicios de mayor calidad, sino mejores condiciones para el personal que labora en ellas, señaló Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP).
El funcionario explicó que por la pandemia del Covid-19 esta ley se retrasó en la agenda de los legisladores, a partir de septiembre próximo podría retomarse su análisis y de ser posible se votaría para su aplicación a favor de la creación de un marco jurídico y legal para la operación de empresas de seguridad privada.
En entrevista con el Diario, Sapién Santos explicó que el CNSP fue precursor de la Ley Federal de Seguridad Privada, la cual se emitió en julio de 2006 para ofrecer certeza jurídica al sector.
Sin embargo, esa ley ha quedado rebasada en la actualidad (es una legislación de carácter federal, 32 leyes estatales y algunos municipios que legislan a modo).
Por ello el CNSP, en coordinación con diversas empresas y organismos del sector, ha dado puntual seguimiento al proyecto de la Ley General de Seguridad Privada, pues más del 56% de empresas de seguridad privada del país no está regulado.
“En México existen unas 1,300 empresas del ramo de la seguridad privada debidamente registradas ante las autoridades. Pero al no existir un padrón confiable de empresas que ofrecen estos servicios, estaríamos hablando de unas 6,000 empresas irregulares operando en todo el país con más de medio millón de colaboradores”, comentó.
El caso de Yucatán tiene sus particularidades, siendo una de las entidades más seguras del país, los servicios de seguridad privada deben estar a la altura de lo que están haciendo las autoridades y la sociedad para mantener esos niveles de seguridad.
“En Yucatán hay unas 200 empresas de seguridad registradas, cuando hablamos de seguridad privada no solo estamos hablando de personal de vigilancia que puede haber en el comercio, la industria, centros laborales, escuelas, desarrollos habitacionales, clubes, etcétera”.
“También están empresas que ofrecen rastreo satelital de vehículos de carga y pasajeros, vigilancia remota vía CCTV, blindaje vehicular… El mercado es muy amplio y la oferta también, según las necesidades”.
Atributos de paz
“El caso de Yucatán llama la atención porque las autoridades estatales, en colaboración con la sociedad civil, han logrado mantener ese distintivo que caracteriza al a entidad. Existe una arraigada cultura de la paz, cumplimiento de las leyes, infraestructura contra el delito y la delincuencia, existen todos estos factores positivos que se traducen en menor incidencia de delitos”, explicó el entrevistado.
“En este sentido, Yucatán es un estado que está creciendo en muchos aspectos económicos, la seguridad privada no puede quedarse atrás”, mencionó.
“La Ley General de Seguridad Publica establece los requisitos que deben cumplir las empresas que ofrecen sus servicios en la localidad, cómo están constituidas, donde ésta su sede, quiénes constituyen su personal, cómo se capacita, qué prestaciones tienen: una empresa regida por una ley es plenamente fiscalizable y sancionable”, aseguró.
“De otro modo proliferan empresas informales, con rotación de personal constante, cercana al crimen organizado, con personal armado fuera de norma, etcétera”.
El entrevistado recordó que el CNSP es la asociación más importante del ramo en el país, la primera en lograr la representación de las empresas de calidad más significativas en el plano nacional y se fundó en 1996.
Con la ley aprobada, este consejo puede asegurar que habrá un mayor control sobre los servicios de las empresas de seguridad privada, también de las empresas que contratan estos servicios.— Emanuel Rincón Becerra
