Es evidente que la situación económica ha seguido deteriorándose, alcanzando niveles impensables, como “en los dibujos animados del Correcaminos, el Coyote avanza por un precipicio mientras se le acaba el suelo hasta que mira abajo y se da cuenta de que no hay más recorrido”, esta situación es a la que se está enfrentando la economía nacional. Esto agravado con los rebrotes que han prendido las alarmas en varios países europeos, todo esto está causando desesperanza y angustia, ante la posibilidad de que no sea posible contar con mayores apoyos ante la prolongación de la pandemia que parece dispuesta a romper cualquier parámetro y llevar a un mayor desastre a las economías.
Esta crisis causa vértigo en los gobiernos y conlleva rupturas institucionales. En México se han multiplicado las divergencias entre las diferentes fuerzas políticas que quebrantan aún más la organización de la sociedad. Los conflictos regionales como el del agua en el estado de Chihuahua ha causado ondas divisiones entre el gobierno federal y el estatal. En su gira por Chihuahua, el presidente de la República decidió no invitar a participar al gobernador de Chihuahua, derivado del conflicto por el agua de la presa La Boquilla. Esto ha llevado a la creación de un ambiente tenso a nivel nacional.
En la perspectiva de reducir esta tensión, se anunció este lunes el acuerdo para la reactivación económica, impulsado por el gobierno federal y el Consejo Coordinador Empresarial, lo cual en principio es positivo porque da cuenta de que se han abierto canales de comunicación que desembocarán en una mayor inversión para la reactivación económica. En el comunicado oficial se señala que es el primero y cuenta con 32 proyectos con una inversión equivalente a 259 mil 195 millones de pesos, lo cual en sí mismo es un monto muy reducido de inversión adicional, pues significa 6 por ciento del gasto programable anunciado para 2021.
Asumiendo de que es el principio de un acuerdo público privado para apoyar la recuperación, se debería de profundizar este ejercicio para que pudiera ser realmente un apoyo para la recuperación económica, en el texto del comunicado existen algunos puntos interesantes que no fueron incluidos en los proyectos de inversión dados a conocer. Señala, entre otros, que se requiere aprovechar al T-MEC, lo cual es cierto pero hasta la fecha no hay un proceso de concertación público privado para el desarrollo de proveedores nacionales competitivos, sería ideal que se hubieran esforzado para dar a conocer programas en áreas estratégicas, como la sustitución de importaciones en sectores claves, como es el caso de la farmacéutica y de dispositivos médicos.
Los proyectos presentados son fundamentalmente infraestructura dividida en proyectos ya puestos en marcha en 2020 (9.5 porciento del total), que son pequeños tramos carreteros por 24 mil millones de pesos, lo cual indudablemente que no impactará en el agregado, ni en la recuperación. Para 2021, se reproduce el esquema de pequeños tramos carreteros, incluyendo algunos de remodelación urbana, dos para el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, uno de manejo integral de residuos urbanos, y la cereza del proyecto que es la recuperación de un proyecto eliminado en la administración anterior, que es el Tren México–Querétaro que absorberá una quinta parte de la inversión a realizar, lo cual son buenas noticias ya que es estratégico para la movilidad.
La expectativa es que este limitado ejercicio de cooperación publico-privado pudiera convertirse en una práctica más amplia, con visión de largo plazo, en donde se instaurara una estrategia de reindustrialización del país, ya que en este acuerdo no se perfila ninguna propuesta que pudiera cambiar el perfil de la economía, sino que reitera los mismos parámetros del pasado. Se ha criticado tanto el perfil neoliberal de los regímenes anteriores y se vuelve a caer en la misma práctica, se requiere adoptar una visión de planeación de largo plazo, es el momento de construir una amplia plataforma de producción que garantice al país su viabilidad de largo plazo. En esta tarea requerimos de un nuevo pacto para el crecimiento, uno que combine crecimiento con equidad, para ello requerimos modificar el patrón de industrialización, para que privilegie la innovación hacia el interior del país, y no sigamos dependiendo de lo que las cadenas globales de valor nos impongan, requerimos producir modificando los parámetros es un reto fenomenal para la política industrial, requerimos sustituir importaciones, generar energías limpias, producir para las mayorías. La apuesta es grande, los empresarios requieren repensarse así mismos, el futuro demanda que sean ambiciosos, que se imbuyan de un ánimo de cambio. Estamos poniendo en juego a las generaciones del futuro, el Presidente mencionó en su discurso que “la globalización está mutando hacia una regionalización. Todos los países lo están haciendo y es necesario que se contraten empresas mexicanas”. En esta perspectiva, el sector público debería garantizar el apoyo a empresas mexicanas innovadoras que acepten el reto de reconstruir al país y que pacten un esquema de colaboración pública–privada más ambicioso que el de construir pequeños tramos carreteros, que son rentables pero que no contribuyen al rediseño estratégico de la economía nacional.
