Los proyectos sustentables cada vez atraen más la atención de inversores y desarrolladores.
Por Gabriela Lara
Cuando se comienza un proyecto de construcción sustentable, uno de los principales retos es cómo financiarlo, ya que debe asegurar un ahorro en el consumo del agua y de energía, así como menos emisiones, por lo que se deben emplear ecotecnologías para conseguirlo, sin embargo, para lograrlo se debe crear un esquema financiero a través de un modelo participativo con inversionistas privados.
Aunque el crecimiento de proyectos sustentables ha tomado un papel protagónico para los financiamientos, no fue hace mucho que comenzaron a tomar mayor relevancia en el país, en el caso de las Fibras comenzó desde 2016.
De acuerdo con Climbate Bonds Initiative, organización internacional que trabaja para movilizar capital global para la acción climática, los principales sectores financiados con bonos verdes en 2019 fueron la energía, la construcción y el transporte.
Menciona que varios bonos verdes en México se han destinado a proyectos de construcción sustentable, incluyendo el gobierno de la Ciudad de México, Vinte, BBVA y CADU Real Estate. En septiembre de 2020, México emitió el primer Bono Sustentable vinculado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por la ONU.
El país utiliza instrumentos financieros alternativos como CKDs, CERPIS y Fibras para financiar proyectos de construcción sustentable. Estos instrumentos representan una oportunidad para emitir productos etiquetados como verdes si están relacionados con bajas emisiones de carbono.
Fibra Uno busca reducir su consumo de energía en un 80% para 2030 El fideicomiso que posee la mayor cantidad de inmuebles se enfrenta al reto de coordinar sus esfuerzos con sus inquilinos.
Los inversionistas no sólo extranjeros, sino mexicanos, así como las Afore en el caso de las Fibras Inmobiliarias se interesan más por este tipo de proyectos que asipiran a certificaciones sustentables como las LEED.
Elías Mizrahi, director de Relación con Inversionistas de Fibra Danhos, menciona que las especificaciones en sustentabilidad siempre se han considerado dentro de los inmuebles, pero que en la actualidad se le ha dado mayor importancia por mostrar los beneficios.
Ana Karen Mora, directora de Sostenibilidad de Fibra Uno, comenta que en la fibra, 60% de los inversionistas son europeos y que una de sus estipulaciones es que los proyectos deben contar con certificaciones o de lo contrario adecuar el edificio para hacerlo sustentable.
Además de las Fibras, México utiliza instrumentos financieros alternativos como CKDs y CERPIS para financiar proyectos de construcción sustentable.
Elías Mizrahi menciona que además de tratar temas ambientales, beneficia al lado económico. Sus impactos se deducen en el enfoque de la eficiencia energética, la gestión de residuos, la eficiencia en el consumo del agua y la implementación de plantas de tratamiento también generan ahorros.
Las instituciones públicas en México han respaldado la construcción sustentable mediante incentivos y programas como EcoCasa. Esto ha abierto canales financieros para desarrolladores y promotores inmobiliarios, como Banobras, Sociedad Hipotecaria Federal (SHF), Infonavit, la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) y Sustentabilidad para México (SUMe), que promueven prácticas sustentables y proporcionan financiamiento, así como asistencia técnica.
Para conseguir un financiamiento se debe realizar una auditoría externa que confirme el cumplimiento de las normas de bonos verdes. Obtener una evaluación externa del marco de bonos verdes del emisor para confirmar el cumplimiento de las normas y analizar las categorías de activos elegibles.
Se debe evaluar el marco y los bonos verdes en relación con una metodología de calificación de terceros que considere los aspectos medioambientales de las inversiones.
También realizar una verificación externa antes y después de la emisión para confirmar que el uso de fondos cumple con la Norma de Bonos Climáticos y Criterios Sectoriales. Luego de emitir los bonos, las entidades deben informar anualmente para confirmar que los fondos se han asignado a proyectos o activos verdes.
