Por Juan Guillermo Arias
Hace una semana los medios de comunicación dieron cuenta de la agresión a periodistas por personal de seguridad del secretario de Salud, a la salida de la comparecencia del funcionario estatal en el Congreso de Tabasco, por la glosa del Sexto Informe de Gobierno. Pero estos excesos no quedan solo ahí, lo mismo sucede con escoltas de particulares que agreden a los ciudadanos.
Los escoltas históricamente han protagonizado casos de abusos y agresiones en contra de ciudadanos e incluso de servidores públicos. Los guardias privados son parte de un tenso panorama en México, donde el miedo a la violencia genera una fuerte demanda de medidas de seguridad.
Tabasco no es la excepción, pues es uno de los estados del país con alto índice de inseguridad. Se los ve por todos lados. Montando guardia en los centros comerciales y en los restaurantes caros. Esperan frente a las puertas de las escuelas más prestigiosas y para muchos sus escoltas armados son un símbolo de estatus que representa un escudo que inspira temor.
Las personas están en su derecho de contratar guardias de seguridad privada. Lo que no se puede hacer es transgredir el derecho de otros y menos queremos ver en las calles, que los ciudadanos sean víctimas de estas personas. Es inaceptable.
Es vox populi que una buena parte de los autos con escoltas no respeta regla de tránsito alguna. Lo hacen porque pueden, porque están armados. Los dueños de esos vehículos lo permiten o incluso estimulan porque tienen dinero para comprar a la autoridad o para obtener un amparo si se meten en problemas. Caso similar son los excesos cometidos por parte de funcionarios y sus escoltas.
La Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tabasco –vigente desde el 11 de agosto de 2015-, en teoría regula la función de las empresas o personas que ofrecen y brindan servicios de seguridad privada en el Estado, señalando su condición de instancias auxiliares en el marco del Sistema Estatal de Seguridad Pública y sujetándolas, bajo esa condición, a los mecanismos de supervisión, evaluación y control de confianza establecidos para los elementos de seguridad pública. No obstante, existe un desfase reglamentario, ya que el Poder Ejecutivo no emitió oportunamente un Reglamento que regulase la prestación de servicios de Seguridad Privada, pues la reglamentación existente quedó abrogada por la nueva legislación desde aquel año.
Pese a que la Ley Federal de Seguridad Privada establece facultades a los estados y coordinación interinstitucional, con el objeto de establecer lineamientos, acuerdos y mecanismos relacionados con los servicios de seguridad privada, ésta ha sido un negociazo sin regulación.
Es muy común los incidentes con escoltas en el país y es porque no respetan la ley. Hay muchos casos de violencia y agresiones pero la gran mayoría no se reportan y es que, tener un Estado de Derecho débil obstruye la justicia y es una de las principales razones de impunidad. Por si fuese poco, es una práctica común en el país, que las Secretarías de Seguridad Pública renten agentes como escoltas a particulares.
El vacío de la ley permite que muchos custodios no cumplan con las bases mínimas de certificación y capacitación, lo que hace exista una gran cantidad de escoltas que golpean o intimidan a ciudadanos por órdenes de sus empleadores o por sobre reaccionar a estímulos que interpretan mal.
Sin embargo, no todos los escoltas son abusivos, hay quienes sí poseen ética de servicio. La problemática es que la seguridad privada carece de regulación adecuada y su creciente demanda radica en el actual deterioro de la seguridad pública.
El tema de la protección es muy delicado y urge regulaciones menos laxas sobre los servicios de seguridad privada. Se requiere una regulación estándar nacional y se instituya un Registro Único de Empresas, Personal y Equipo de Seguridad Privada.
Es necesario endurecer los controles y reglas para el registro y certificación del personal y empresas que prestan el servicio de seguridad. También su capacitación, porque hay quienes carecen de los conocimientos necesarios para la correcta utilización de la fuerza en el desempeño de sus actividades. Finalmente, los gobiernos estatales son los reguladores de los servicios de seguridad privada.
La promulgación de leyes no permite alcanzar la justicia, hay que trabajar en serio para hacerlas realidad, y los ciudadanos alzar la voz para crear consciencia del problema de impunidad. Nuestras familias merecen justicia, la sociedad tabasqueña merece seguridad y Tabasco merece paz.
